Las dudas inquietantes

Parafraseando al literato José María Gironella estas son las "dudas inquietantes" que le surgieron al Grupo Municipal de IU en la pasada legislatura en torno a todo el proceso de privatización del Servicio de Ayuda a Domicilio. Tuvimos dudas razonables e inquietantes a lo largo de todo el proceso, lo denunciamos de forma clara, exigimos explicaciones por las denuncias del informe del Tribunal de Cuentas, se nos dijo que todo estaba "finiquitado" y que si teníamos dudas que "fuésemos a los tribunales de justicia". Pues bien, no hemos tenido que ser nosotros, la Fiscalía General de La Rioja ha actuado de oficio y nuestra postura es: "Investigar hasta el final, caiga quien caiga, esperando que los indicios de un delito de prevaricación no sean tal".

Ante la gravedad de las resoluciones publicadas por el Tribunal de Cuentas acerca del expediente de contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio en 2012, publicadas recientemente en diversos medios de comunicación nos gustaría saber:

¿Quiénes fueron los responsables a la hora de imponer al señor Damián Sanz Llavallol como secretario del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada?

¿Fueron ustedes o sus superiores jerárquicos?

¿El hecho de imponer a este señor como secretario tenía como objetivo amañar el expediente de contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio para forzar que se resolviera en favor de determinada empresa?

¿Qué oscuro interés había en este contrato de 1.750.000,00€?

¿Quiénes han sido los beneficiarios?

¿El hecho de que este señor emitiera informes que solo se pueden calificar de repugnantes contra el trabajo e incluso hasta a nivel personal sobre compañeras funcionarias de este Ayuntamiento, tenía como objetivo, el eliminar posibles reticencias por parte de estas personas, a la hora de poder moldear el expediente de contratación con total libertad?

¿Este tejemaneje tuvo respaldo político por parte de ustedes de forma activa o fue una imposición de sus superiores jerárquicos?

¿Ha sido este el modelo seguido a la hora de tramitar todos los expedientes de privatización y saqueo de servicios públicos de este Ayuntamiento?

¿El hecho de cambiar el expediente de contratación cuando inicialmente se había aprobado en marzo a lo largo del verano de 2012 fue una decisión del gobierno municipal PP-PR+, o fue una imposición con la inestimable colaboración del señor secretario, como así manifestamos desde este grupo en el Pleno de 20 de diciembre de 2012?

¿Quiénes han sido los beneficiarios de que se haya realizado un pago superior al pactado como afirma el informe del Tribunal de Cuentas?

¿Ustedes validaron el hecho de que la resolución de un recurso se resolviera por parte de un órgano manifiestamente incompetente y que la resolución del citado recurso fuera hecho sin sujeción al preceptivo procedimiento administrativo?

¿Qué tipo de responsabilidad consideran que ha habido en este tema, política, técnica o una mezcla de ambas?

¿Consideran que esta cuestión aunque no tenga un recorrido penal les exime de su responsabilidad política?

¿La responsable del área de servicios sociales es responsable de algo?

¿No observaron nada extraño durante toda esta tramitación, cuando desde nuestro humilde conocimiento de temas legales, manifestamos que no nos fiábamos y que el proceso llevado a  cabo olía a cuerno quemado?

Por todo lo anterior pedimos:

-          Que el contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio debe ser rescindido inmediatamente, pasar a control público y que la nueva Corporación salida de las urnas dentro de medio año decida qué tipo de gestión aplica en base a los programas que apoye la ciudadanía.

-          Que sean anulados los informes difamatorios emitidos por el secretario señor José Damián Sanz Llavallol, y a su vez la Corporación rehabilite la labor realizada por las trabajadoras funcionarias de este Ayuntamiento.

-          Que en el caso de que todas las irregularidades se traten de una cuestión técnica, pedimos que el Ayuntamiento sea parte activa y exija responsabilidades al señor secretario recurriendo a todos los medios legales que sean precisos.

-          Que se den explicaciones convincentes y precisas sobre toda esta cuestión al conjunto de los vecinos y vecinas, tanto por parte de la responsable del área de servicios sociales, como del alcalde.

-          Que se asuman responsabilidades políticas por esta cuestión y presenten la dimisión. Pues solo así, el caso podrá estar completamente finiquitado.