J.Albo/La Rioja
El Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada ha registrado una moción, para su tratamiento en el próximo pleno que se celebre, en la que pide que la Corporación municipal acuerde «retirar el honor de ostentar el nombre de una de las vías principales del municipio al ciudadano Juan Carlos de Borbón y Borbón-Dos Sicilias y dejar esta con la denominación Paseo del Espolón».
Este es el texto completo que IU ha presentado para justificar su propuesta:
«Juan Carlos de Borbón y Borbón-Dos Sicilias fue proclamado rey el 22 de noviembre de 1975, tras la muerte del dictador Francisco Franco, de acuerdo con la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947 y la Ley de 22 de julio de 1969 de la dictadura franquista. La Constitución española lo reconoció expresamente otorgándole la Jefatura del Estado, sin una consulta democrática previa acerca de la forma de Estado, que a la postre significó elegir entre una democracia lastrada por la falta de ruptura con la dictadura con un rey en la cúspide como garantía de continuidad o nada».
«Con el devenir de los años y la quiebra del manto de silencio y censura que imperaba en los medios de comunicación acerca de las actividades y comportamientos de distintos miembros de la Casa Real, su imagen personal y la del conjunto de los miembros de la Casa Real empezó a deteriorarse ante la ciudadanía, principalmente y como detonante a raíz del caso Nóos, un juicio por corrupción que implicaba directamente a una de sus hijas, la infanta Cristina, y que culminaría con el ingreso en prisión del esposo de esta, Iñaki Urdangarín. Después, en 2012, el propio monarca sufrió un accidente durante una cacería en Botsuana por el que hubo de ser evacuado a España; por ese percance se supo que Juan Carlos de Borbón había viajado al país africano para participar en una cacería de elefantes patrocinada por influyentes y acaudalados hombres de negocios saudíes y organizada por su entonces amante Corinna Larsen, más conocida como Corinna zu SaynWittgenstein».
«El junio de 2014 abdicó en favor de su hijo Felipe, que subió al trono como Felipe VI. Se decretó, sin embargo, que Juan Carlos conservara de forma vitalicia y honorífica el título de rey, el tratamiento de Majestad y honores análogos a los del heredero de la Corona. Cinco años después, en 2019, comunicó que abandonaba definitivamente la vida institucional, y un año más tarde, debido a las crecientes sospechas de corrupción, fue despojado por Felipe VI de la asignación presupuestaria que venía percibiendo de la Casa del Rey. A finales de mayo de 2019, Juan Carlos comunicó oficialmente a Felipe VI que se retiraba definitivamente de la vida pública y que ya no participaría en actos oficiales».
En marzo de 2020, varios grupos parlamentarios registraron en el Congreso de los Diputados una iniciativa en la que solicitaban la creación de una comisión de investigación; el objetivo era determinar las responsabilidades «civiles, éticas y políticas» del exjefe de Estado en relación a una «donación» de 100 millones del año 2012 y relacionada con el entonces monarca, su amiga Corinna Larsen y la adjudicación de grandes obras en la satrapía petrolera de Arabia Saudita.
«El mismo mes, fue el propio rey, Felipe VI, el que emitió un comunicado en el que renunciaba a la herencia de su padre, «así como a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad y los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada». Según los estatutos de las sociedades Fundación Lucum y Fundación Zagazka, Felipe sería el beneficiario directo en caso de fallecimiento de su padre y encargado del sostenimiento del resto de la familia. Comunicó asimismo que retiraba a su padre la asignación que cobraba de los presupuestos de la Casa del Rey. Si bien es cierto, la renuncia a la herencia de su padre solo es parcial tanto en cuanto no ha renunciado a la jefatura del Estado ni está dispuesto a someter su mandato a la consulta popular».
«Ante la investigación de la Fiscalía suiza sobre el presunto cobro fraudulento de comisiones, además del inicio de una investigación por parte del Tribunal Supremo y la Fiscalía, el rey Juan Carlos habría decidido marcharse a vivir a una zona privilegiada en un país con una legislación laxa en caso de petición de extradición. Cuestión que se hizo pública el 3 de agosto a través de un comunicado oficial de la Casa Real, suponiendo esto una burla a la justicia y a la democracia española, muestra del oprobio, la ignominia y la vergüenza que históricamente la familia Borbón ha generado para España».
