#HolaDictadura

"Nunca medraron los bueyes,

en los páramos de España.

¿Quién habló de echar un yugo,

sobre el cuello de esta raza?"

Miguel Hernández, poeta del pueblo.

¿Qué pensaríais si os dicen que una "Quintada" es un  delito tipificado en el Código Penal en varios artículos? Lo lógico sería responder que eso no era ilegal ni en la dictadura. Pues bueno, con la nueva reforma del PP una quintada se convierte en todo esto: "Ocupación ilegal del espacio público sin autorización previa, corte del tránsito normal en las vías de comunicación y tenencia de explosivos". Las multas y los años de cárcel lo dejamos para otro rato, pero de 30.000-600.000€ y de 10 años hacia arriba.

Este intento de aproximar a la gente que es lega en cuestiones de derecho (como el que esto escribe) el "Proyecto de Reforma del Título XXII del Código Penal (Referente al Orden Público)" que quiere imponer el actual gobierno es una necesidad imperiosa ya que su contenido situaría nuestro país en plena situación pre-constitucional, con todo lo que esto supondría. La Constitución, a pesar de las enormes carencias y de los incumplimientos reiterados, si que protege unos derechos fundamentales que esta reforma delimita hasta tal punto de que en ciertos aspectos los pone en cuestión o los anula.

El análisis jurídico se lo dejo a los expertos, pero el político y social es obligatorio que sea analizado por cualquier ciudadano, ya que todos en algún momento de nuestra vida hacemos uso de los derechos de reunión, manifestación, información, libre expresión...etc.

Desde mi punto de vista la reforma tiene tres objetivos básicos, criminalizar, infundir el miedo en la sociedad y perseguir la protesta social de forma preventiva, dejar en manos del Mº de Interior cuestiones que hasta ahora tenían que pasar por los tribunales de Justicia (las famosas sanciones administrativas del Gobierno se convierten en moneda de curso normal) y blindar  a las autoridades del régimen y a las fuerzas represivas hasta límites donde se roza la impunidad con la que pueden actuar en regímenes totalitarios.

Para ello se han servido de una serie de cambios en el articulado, la eliminación de otros que podían considerarse molestos a sus fines y el ampliar el concepto delictivo a prácticamente cualquier acción que pueda llevarse a cabo en un determinado momento en un conflicto social, añadiendo que todo se considera de la misma gravedad. No se atiende a contexto, resultado, ni daño causado.

Se suprime de facto la libertad de expresión en toda clase de medios, incluso hasta la libertad de prensa en determinados momentos por el mero hecho de que las fuerzas del orden consideren que al trasladar determinado mensaje se haya alentado a la generación de algún delito de los tipificados.

"Si una persona escribe un tweet animando a participar en una manifestación que termina en altercados, esa persona inmediatamente habría cometido un delito con independencia de haber participado en los altercados o incluso en la propia manifestación."

El derecho de manifestación y reunión en vez de ser una garantía se convierte en un agravante cuando se produzcan altercados de la índole que sea. Además lo que es más curioso, todos los delitos ya tienen una consideración y un castigo definidos previamente, con esta reforma diríamos que lo que se hace es aplicar una recarga a delitos preestablecidos.

"Si una persona insulta a otra comete una falta, sin embargo, si el insultado es un político, juez, fiscal, militar, policía...etc.  esto se convierte automáticamente en atentado contra la autoridad y se equipara con por ejemplo tirarle una banqueta o llegados al caso extremo con una agresión con resultado de muerte".

Se convierte en delito grave cualquier tipo de performance que altere el "funcionamiento normal" de un establecimiento público o privado (Fiesta en Bankia), la expropiación con carácter reivindicativo (Mercadona, Carrefour de la gente del SAT), la ocupación de espacios públicos o privados (bancos, fincas, empresas, 15M...), la resistencia pacífica...etc.

Por último, señalar que se comienza a privatizar el monopolio de la fuerza que ejerce el Estado incluyendo a la seguridad privada como si fueran agentes de la autoridad. Esta reforma es una VERGÜENZA y quienes la promueven son unos antidemócratas como la copa de un pino.