En el pleno ordinario del próximo 29 de septiembre IU Santo Domingo realizará la siguiente propuesta de acuerdo sobre la denominada "Ley Mordaza":
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (La Rioja)
Diego Mendiola
García, Portavoz del Grupo
Municipal de IU en el Ayuntamiento de Santo Domingo de la
Calzada (Rioja), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROFRJEL) y en el
Reglamento Orgánico Municipal presenta para su discusión y aprobación la
siguiente MOCIÓN CONTRA LA LEY 4/2015, de 30 de Marzo, DE PROTECCIÓN DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA en base a los siguientes:
ANTECEDENTES Y MOTIVOS
Más de 20 años
después de la aprobación de la polémica Ley de Seguridad Ciudadana 1/92, más
conocida como “Ley de la patada en la puerta”, cuyo articulado fue tumbado en
gran parte por el Tribunal Constitucional, el Gobierno del PP ha sancionado, en
su tónica habitual de “reformazo regresivo”, una nueva ley, que viene a
sustituir la ya criticable ley del 92, que costó el cargo al entonces Ministro
del Interior.
Un texto
redactado en paralelo a la reforma del Código Penal, también de marcado
carácter restrictivo en derechos, y que viene a compensar la eliminación de la
mayoría de las infracciones penales tipificadas como faltas, que con la nueva ley
pasarían a considerarse infracciones administrativas de carácter muy grave,
grave o leve.
La
discrecionalidad que otorga a la administración a la hora de establecer
sanciones, la elevada cuantía de las mismas, que en el caso de las infracciones
muy graves podrían llegar a los 600.000€ y la fijación en la regulación de
conductas habituales en las protestas ciudadanas, definen a esta ley como la
“Ley Mordaza”. Se habilita, por tanto, un procedimiento administrativo que
legaliza la criminalización y persecución de las movilizaciones y crea un
instrumento gubernamental, para imposibilitar derechos democráticos básicos
como la libertad de expresión y de manifestación que recoge nuestra carta magna
como derechos fundamentales.
La norma
tipifica nuevas figuras sancionables, considerando tales los escraches (a
diferencia de la opinión del presidente del Supremo, Gonzalo Moliner, que
declaró que "no es posible decir a priori si un escrache es o no
legal"), las concentraciones ante el Congreso y el Senado o la escalada en
fachadas oficiales. Sanciona el uso de capuchas en manifestaciones, faculta a
la policía a establecer “zonas de seguridad” en perímetros urbanos, y habilita
a las fuerzas y cuerpos de seguridad a
retirar de forma expeditiva vehículos que taponen una vía pública, en caso de
que los concentrados desobedezcan la orden de los antidisturbios de despejar la
zona. No se citan expresamente, pero todo indica que apunta a impedir
tractoradas, marchas de taxistas o de camioneros.
Esta breve
descripción de algunas conductas que serán reguladas por esta ley, nos indica
que esta “Ley Mordaza”, vuelve a ubicar la seguridad ciudadana en la órbita de la
vieja idea del “orden público”, muy alejada de la concepción democrática y
constitucional de la seguridad.
Y no
únicamente tiene esta opinión IU, sino que es el propio Consejo de Europa,
institución encargada de velar por el respeto a los derechos humanos en el
continente, quien ya calificó el proyecto de ley de "altamente
problemática". Nils Muiznieks, su responsable de derechos humanos, duda de
que "estas restricciones sean necesarias en una sociedad democrática"
y cree que se debería velar por la seguridad "sin interferir demasiado en
la libertad de reunión" y de manifestación.
Otra ley más,
por tanto, que supone un claro retroceso social, un anacronismo constitucional,
un trasnochado concepto de orden público y un claro atentado contra derechos y
libertades democráticos, que son encorsetados en procedimientos sancionadores
que pretenden impedir la protesta, la crítica y la demostración cívica de
desacuerdo político.
La democracia
es expresión y la seguridad ciudadana protección de libertades públicas, no
cercenamiento de las mismas. El delito se combate de forma integral, con
educación, con promover una vida digna, con eliminar las diferencias sociales,
con buenas políticas de reinserción y con unas instituciones que trabajen en la
prevención, no en el castigo.
Concluimos,
exponiendo que esta Ley, reiterativa en regular conductas que ya tipificaba el
código penal, y creadora de un estado policial, controlador y limitador de
libertades públicas, es inadmisible en un entorno europeo democrático.
Por tanto, proponemos
al Pleno Municipal de nuestra ciudad la adopción del siguiente acuerdo:
1.
Exigir al
Gobierno de la Nación, la retirada inmediata de la Ley Orgánica 4/2015, de 30
de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
2.
Solicitamos
un debate consensuado entre todas las fuerzas políticas, para la elaboración de
un texto que regule la materia de seguridad ciudadana, incluyendo, en el debate
así mismo, la Reforma de la Ley 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, superada y obsoleta en muchos de sus aspectos, así
como la Ley Orgánica general
penitenciaria. Todo ello, con el objetivo, de reformar con carácter integral,
todos aquellos aspectos relacionados con la seguridad, que deberá conformar un
amplio debate social, enfocado no únicamente desde los tradicionales aspectos
reactivos sino y fundamentalmente, preventivos, enfocando el análisis del
delito y su contención, como un problema social que abarca variables
socioeconómicas y que requiere un amplio trabajo de carácter transversal.
3.
Exigimos la
dimisión del Ministro del Interior, impulsor de la presente Ley, cuyos
postulados preconstitucionales, son inconcebibles en una democracia, así como, por
su reiterada disposición de conculcar los derechos humanos, a tenor de la
disposición de legalización de las “devoluciones en Caliente” en la frontera de
Ceuta y Melilla, contrarías a la normativa internacional y que tratan de manera
inmoral e inhumana a numerosos seres humanos en nuestras fronteras y que solo
desean una vida mejor.
4.
Dar traslado
del acuerdo al Gobierno de la Nación y a
todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados.
