El asunto de las supuestas irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en el expediente de contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) del año 2012 sigue adelante. «Se nos dijo que estaba zanjado y, sin embargo, las diligencias de la Fiscalía continúan», indicó en el último pleno el alcalde, Agustín García Metola, en referencia a lo que su antecesor creía y anunció, en varias ocasiones, a lo largo del final de la anterior legislatura. En una de ellas, datada en noviembre del 2014, Javier Azpeitia dijo que «este caso está ya archivado por el juez y completamente finiquitado».
Pero no parece ser así, como se desprende del escrito remitido al Ayuntamiento por la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que García Metola hizo público en el apartado de 'Informes de Alcaldía'. El documento forma parte del procedimiento de diligencias de investigación penal circunscrito a la detección, por parte del departamento de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, de «indicios de la comisión de un delito de prevaricación administrativa» en el citado contrato.
En este, según recuerda la Fiscalía, se observa la «ausencia de justificación de la necesidad o conveniencia de la prestación que constituye el objeto del contrato y, por tanto, de la inversión realizada, porque el informe que se remitió corresponde a otro contrato en el que tampoco se desprende su necesidad de celebrarlo».
También alude a la «ausencia de justificación de la insuficiencia de medios personales o materiales propios, o de la conveniencia o no de su ampliación». Refiere, además, el «pago de precio superior al pactado» y, por otra parte, a que «la resolución del recurso interpuesto contra la propuesta de adjudicación se dictó por órgano incompetente y en su tramitación se prescindió, total y absolutamente del procedimiento establecido».
Por todo lo anterior, la Fiscalía pide que por parte del Ayuntamiento calceatense se proceda a remitir el informe explicativo de todas estas cuestiones planteadas, algo ante lo que el alcalde dijo haber pedido a los técnicos municipales la «máxima colaboración». García Metola añadió que, además de la documentación requerida también se va a poner en conocimiento del fiscal alguna otra cuestión observada, entre las que citó que «la Mesa de Contratación, que sirvió de fundamento para adjudicar este servicio, está sin firmar por los técnicos del Ayuntamiento; no firma ni el secretario general de la Corporación ni la interventora», dijo.
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