EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La UE y los EEUU negocian desde junio de 2013 un tratado de libre comercio e inversiones, el TTIP. Anteriormente la UE ha finalizado las negociaciones de otro tratado, el CETA, con Canadá que está a la espera de su ratificación por parte del Parlamento Europeo. Las negociaciones actuales del TTIP se caracterizan por su absoluta falta de transparencia, que se reflejan en su nula presencia como noticia en los grandes medios de comunicación.
El objetivo de estos tratados es establecer un gran mercado trasatlántico de más de 800 millones de personas que consagraría el dominio de las grandes corporaciones transnacionales europeas y norteamericanas en detrimento de los ciudadanos de ambas partes del océano. Si bien sus defensores argumentan que son positivos para reactivar la economía la realidad es que estos tratados pretenden conseguir mayor competitividad exterior a costa de rebajar o eliminar las regulaciones laborales, sociales, económicas, sanitarias, educativas, culturales y ambientales, ya duramente atacadas por las sucesivas reformas habidas en nuestro Estado.
No en vano, han sido las multinacionales -Industria automovilista, químicas, farmacéuticas y agroalimentarias, energéticas, bancos, fondos de inversiones, etc,- a ambos lados del Atlántico las que más han presionado para impulsar estas negociaciones. (El 90% de las negociaciones se han dado con lobbys de estas).
Dado que los aranceles entre la UE y EEUU son ya muy bajos, el tratado se centrará en la eliminación de leyes con el fin de reducir costes para las multinacionales, las llamadas barreras no convencionales. Así este tratado puede desembocar en la supresión de regulaciones sociales, laborales, ambientales o de seguridad alimentaria y sanitaria, suponiendo también una merma en las libertades digitales. Para ello se generará el “consejo de cooperación reguladora” donde se sentarán profesionales designados por las multinacionales y que marcarán las futuras normativas a crear por los estados.
Uno de los capítulos más polémicos, es la de la protección de las inversiones, por la cual cualquier inversor privado Internacional puede desafiar, ante tribunales comerciales (poco trasparentes y poco democráticos) cualquier legislación (ambiental, laboral o social) que interfiera a sus beneficios. Por ejemplo una regulación sanitaria para prohibir el uso de sustancias tóxicas puede ser objeto de demanda.
Queremos denunciar, a la vez de las posibles consecuencias que más abajo se enumeran, la opacidad y el nulo debate con que se están llevando estas negociaciones. No hay debate porque este tratado se está negociando en la sombra, sin tener en cuenta a los gobiernos estatales ni a la ciudadanía. Tras varias rondas de negociaciones la transparencia y la comunicación con la sociedad civil han sido nulas. Los propios Eurodiputados han visto limitado su acceso a los documentos derivados de las negociaciones, hecho el cual ha contado con la denuncia de la propia defensora del pueblo europea. En septiembre de 2014, la Comisión Europea prohibió una Iniciativa Legislativa Popular que invitaba a rechazar las negociaciones.
Frente a la comunicación fluida y constante con las grandes multinacionales, toda comunicación con la sociedad civil por parte de la Comisión Europea se ha limitado a obviar las críticas y repetir, sin diálogo alguno, las supuestas bondades del TTIP.
Las consecuencias de las posibles ratificaciones de estos dos tratados –y el de TISA, acuerdo sobre servicios en fase de negociación entre algunos países de la OCDE afectarían a amplios sectores de la población a ambos lados del Atlántico, posibilitando políticas que amenazarían:
· los derechos laborales como la libertad sindical o la negociación colectiva, y demás leyes y normativas elaboradas por la Organización Internacional del Trabajo
· la pervivencia de servicios públicos como la sanidad, la educación o pensiones provocando su mercantilización.
· al sistema nacional de Salud Pública, ya que lo afectará muy negativamente creando nuevos mercados de inversión privada apropiándose de los recursos del sistema sanitario público y olvidando los principios de universalidad, equidad, prevención, coste-eficiencia consagrados por la OMS.
· la gestión de los residuos, transporte o saneamiento y distribución de aguas que serían privatizados
· la seguridad alimentaria al permitir los transgénicos en la agricultura, el ganado vacuno hormonado, el porcino y el aviar clorados,
· los recursos naturales, potenciando el fracking e importando productos altamente contaminantes como las arenas bituminosas.
· la biodiversidad al apostar por la agroindustria que implica pérdidas de variedades locales y razas autóctonas y la paulatina desaparición de los paisajes rurales.
· el principio de precaución sobre uso de sustancias químicas al dejar de controlar su seguridad antes de la obtención del permiso comercial
· la privacidad personal al permitir un mayor acceso y control sobre datos privados por parte de empresas proveedoras de internet y otras grandes corporaciones sectoriales
· el acceso a los productos farmacéuticos al reforzar las patentes frente a los genéricos
· la posibilidad de mecanismos de control bancario que eviten nuevas crisis especulativas.
· la posibilidad de protección y desarrollo de las economías locales, de pequeña escala, respetuosas con el medio y las personas que lo habitan.
· las denominaciones de origen protegidas.
Para conseguirlo, estos tratados contemplan la implantación de dos mecanismos antidemocráticos que aseguren lo que los negociadores llaman la “armonización normativa” que no es más que una regulación a la baja de la legislación vigente. Por un lado, el Consejo de Cooperación Reguladora, una especie de gobierno de las transnacionales que dictaminará lo que se puede o no se puede legislar en asuntos que afecten a sus intereses y, por otro, el mecanismo ISDS de resolución de conflictos entre empresas y estados, que garantiza las inversiones –y sus previsiones futuras de beneficios- de cualquier empresa ante potenciales políticas proteccionistas o de control legislativo , conflictos que habrían de resolver tribunales privados de arbitraje fuera de todo control democrático. En definitiva estos tratados, bajo el disfraz de la mejora de la economía y del empleo, además de apuntar a mejorar la cuenta de resultados de las grandes empresas, permitirán la paulatina y perversa apropiación del poder político y judicial por parte del poder económico de las grandes corporaciones transnacionales.
Por todo ello como administración local debemos tener presente que las leyes del comercio priman sobre cualquier otra consideración social e ignoran cualquier legislación continental, nacional, regional o local. Las comunidades locales se encuentran ellas mismas dominadas por ajustes estructurales restrictivos debidos a los acuerdos y las políticas de libre comercio y de protección del inversor. Esta lógica desmantela los servicios públicos y suprime la libertad de los poderes locales para suministrar los servicios públicos y satisfacer las necesidades sociales de sus poblaciones, atendiendo a políticas y planes de desarrollo industrial y de fomento de la industria y empleo locales.
Las Administraciones Locales:
§ al estar cerca de las necesidades de sus pueblos, tienen el deber de injerencia respecto a lo que trama el TTIP, y un deber de respuesta, si no quieren verse acusadas de no ayudar a la población y al planeta en peligro.
§ siendo los canales adecuados para promover los servicios públicos y la industria y empleo locales, se esfuerzan para su promoción como respuesta al interés común.
§ están obligadas a resolver los retos sociales, económicos y medioambientales y, consiguientemente, a defender la universalidad de los servicios públicos y la protección de la ciudadanía.
1. Declarar a Santo Domingo de la Calzada como Municipio insumiso y opuesto al TTIP, defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social, el medioambiente y la salud.
2. Solicitar al parlamento Español y a los Eurodiputados electos su rechazo a la aprobación del TTIP.
3. Solicitar del Ministerio de Economía la suspensión de las negociaciones del TTIP.
4. Unir al municipio a las diferentes iniciativas sociales para impedir que este Tratado de libre comercio e inversiones, salga adelante. Muchos sectores de la sociedad- Asociaciones de Consumidores, Ecologistas, feministas, sindicatos, agricultores, así como de derechos humanos, de cultura libre… debemos organizarnos para exigir que no queremos el TTIP.
· los derechos laborales como la libertad sindical o la negociación colectiva, y demás leyes y normativas elaboradas por la Organización Internacional del Trabajo
· la pervivencia de servicios públicos como la sanidad, la educación o pensiones provocando su mercantilización.
· al sistema nacional de Salud Pública, ya que lo afectará muy negativamente creando nuevos mercados de inversión privada apropiándose de los recursos del sistema sanitario público y olvidando los principios de universalidad, equidad, prevención, coste-eficiencia consagrados por la OMS.
· la gestión de los residuos, transporte o saneamiento y distribución de aguas que serían privatizados
· la seguridad alimentaria al permitir los transgénicos en la agricultura, el ganado vacuno hormonado, el porcino y el aviar clorados,
· los recursos naturales, potenciando el fracking e importando productos altamente contaminantes como las arenas bituminosas.
· la biodiversidad al apostar por la agroindustria que implica pérdidas de variedades locales y razas autóctonas y la paulatina desaparición de los paisajes rurales.
· el principio de precaución sobre uso de sustancias químicas al dejar de controlar su seguridad antes de la obtención del permiso comercial
· la privacidad personal al permitir un mayor acceso y control sobre datos privados por parte de empresas proveedoras de internet y otras grandes corporaciones sectoriales
· el acceso a los productos farmacéuticos al reforzar las patentes frente a los genéricos
· la posibilidad de mecanismos de control bancario que eviten nuevas crisis especulativas.
· la posibilidad de protección y desarrollo de las economías locales, de pequeña escala, respetuosas con el medio y las personas que lo habitan.
· las denominaciones de origen protegidas.
Para conseguirlo, estos tratados contemplan la implantación de dos mecanismos antidemocráticos que aseguren lo que los negociadores llaman la “armonización normativa” que no es más que una regulación a la baja de la legislación vigente. Por un lado, el Consejo de Cooperación Reguladora, una especie de gobierno de las transnacionales que dictaminará lo que se puede o no se puede legislar en asuntos que afecten a sus intereses y, por otro, el mecanismo ISDS de resolución de conflictos entre empresas y estados, que garantiza las inversiones –y sus previsiones futuras de beneficios- de cualquier empresa ante potenciales políticas proteccionistas o de control legislativo , conflictos que habrían de resolver tribunales privados de arbitraje fuera de todo control democrático. En definitiva estos tratados, bajo el disfraz de la mejora de la economía y del empleo, además de apuntar a mejorar la cuenta de resultados de las grandes empresas, permitirán la paulatina y perversa apropiación del poder político y judicial por parte del poder económico de las grandes corporaciones transnacionales.
Por todo ello como administración local debemos tener presente que las leyes del comercio priman sobre cualquier otra consideración social e ignoran cualquier legislación continental, nacional, regional o local. Las comunidades locales se encuentran ellas mismas dominadas por ajustes estructurales restrictivos debidos a los acuerdos y las políticas de libre comercio y de protección del inversor. Esta lógica desmantela los servicios públicos y suprime la libertad de los poderes locales para suministrar los servicios públicos y satisfacer las necesidades sociales de sus poblaciones, atendiendo a políticas y planes de desarrollo industrial y de fomento de la industria y empleo locales.
Las Administraciones Locales:
§ al estar cerca de las necesidades de sus pueblos, tienen el deber de injerencia respecto a lo que trama el TTIP, y un deber de respuesta, si no quieren verse acusadas de no ayudar a la población y al planeta en peligro.
§ siendo los canales adecuados para promover los servicios públicos y la industria y empleo locales, se esfuerzan para su promoción como respuesta al interés común.
§ están obligadas a resolver los retos sociales, económicos y medioambientales y, consiguientemente, a defender la universalidad de los servicios públicos y la protección de la ciudadanía.
MOCIÓN
1. Declarar a Santo Domingo de la Calzada como Municipio insumiso y opuesto al TTIP, defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social, el medioambiente y la salud.
2. Solicitar al parlamento Español y a los Eurodiputados electos su rechazo a la aprobación del TTIP.
3. Solicitar del Ministerio de Economía la suspensión de las negociaciones del TTIP.
4. Unir al municipio a las diferentes iniciativas sociales para impedir que este Tratado de libre comercio e inversiones, salga adelante. Muchos sectores de la sociedad- Asociaciones de Consumidores, Ecologistas, feministas, sindicatos, agricultores, así como de derechos humanos, de cultura libre… debemos organizarnos para exigir que no queremos el TTIP.
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