El alcalde de Santo Domingo insiste de palabra en que no ha habido irregularidades

PP y PR+ rechazaron crear una comisión de investigación porque, según Javier Azpeitia, el caso está "finiquitado ya"

J.Albo/La Rioja
Las supuestas irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en el expediente de contratación del servicio de ayuda a domicilio lleva camino de convertirse en una cuestión de fe, a tenor de lo oído en el pleno de anoche. Solo que la oposición -PSOE e IU-, no creyeron, o por lo menos siguieron teniendo muchas dudas, al alcalde, Javier Azpeitia, cuando afirmó que el asunto está ya "finiquitado" por el propio Tribunal de Cuentas y que, por lo tanto, "no hay caso". tampoco les convencieron las palabras de la concejal de Atención a las Personas, Montserrat Bañares, que, abundó en lo afirmado por el regidor municipal indicó que "se enviaron al Tribunal de Cuentas todos los informes que solicitaron y se les dieron todas las aclaraciones que pidieron".

La edil, a la vista de la incredulidad del portavoz de IU, Diego Mendiola, sugirió a este que "vaya al Juzgado y ponga una denuncia". Lo que hizo el edil pocos minutos después fue abandonar el Pleno. Tanto él como el PSOE quisieran hacer valer aquello de `ver para creer´ y exigieron "algún papel" que validara las afirmaciones del alcalde y su `socia´.

Pero esta demanda de pruebas rebotó en las filas del equipo de Gobierno porque el concejal del PP, Carlos Barrón, pidió a los dos grupos municipales de la oposición que mostraran ellos el informe del Tribunal de Cuentas sobre el que sustentaban sus acusaciones. El edil de IU estalló entonces. "Que nos lo pidan ustedes es un insulto a la inteligencia y a la integridad de la Corporación. No voy a permitir que se insulte a mis votantes", dijo antes de irse. previamente, el PP y PR+ habían rechazado la inclusión en el Pleno de una moción del Grupo Municipal Socialista en la que, entre otras cuestiones, solicitaba la creación de una comisión especial de investigación, de la que formaran parte todos los grupos políticos; que se reuniera en un plazo no superior a una semana y que, de no aceptarse su propuesta, se les facilitara el acceso urgente a los expedientes del proceso de contratación del servicio de ayuda a domicilio. Fue entonces cuando el alcalde insistió en que el tema "está cerrado" y que, por lo tanto, "no hay por qué entrar en debates".