J.Albo/La Rioja
El Grupo Municipal Socialista recopila toda la información del expediente de contratación del servicio de ayuda a domicilio para ponerla a disposición de la Fiscalía y que se depuren, si es el caso, las responsabilidades a que hubiera lugar. Así lo indicó ayer el portavoz socialista, Agustín García Metola, acompañado del secretario de Política Municipal del PSOE de La Rioja, Ricardo Velasco, días después de conocerse la detección de «irregularidades» por parte del Tribunal de Cuentas: «la ausencia de justificación de la necesidad del contrato; el pago del precio superior al pactado; la resolución de un recurso por órgano manifiestamente incompetente y, también, sin sujección al preceptivo procedimiento administrativo».
El expediente fue aprobado por el pleno el 27 de marzo del 2012 y 6 meses después se llevó a otro pleno una modificación del mismo, que el PSOE pidió que se retirara y a la que votó en contra -también IU-, la cual venía avalada por un informe «incalificable, estrambótico y ofensivo» del entonces secretario del Ayuntamiento por acumulación. García Metola subrayó que, aunque en el orden del día se anunciaba la «modificación» del expediente, después, en el acta del pleno se cambió el acuerdo por el de «desistir del procedimiento» acordado en marzo. «Es decir, si se desiste se anula por completo», indicó. El servicio, «por si fuera poco» -dijo-, se adjudicó en el pleno del 20 de diciembre, «sin dictamen de comisión informativa, por urgencia y desestimando todas las alegaciones de otra empresa». El contrato está valorado en 1.743.577 euros. «Estamos muy preocupados e indignados» por este asunto «infumable», que es «la punta del iceberg -añadió el edil- de quienes entraron al Ayuntamiento a mandar, en lugar de a gobernar y administrar los intereses generales», en alusión al equipo PP-PR+, al que acusó de «ocultismo».
El alcalde, Javier Azpeitia, salió ayer al paso y dijo que «este caso está ya archivado por el juez y completamente finiquitado».
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