¡¡No a los recortes en Democracia!!

MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA PARA RECHAZAR EL RECORTE DEL 30% DE CONCEJALES POR SER UNA DEVALUACIÓN DE LA DEMOCRACIA MUNICIPAL SIN EFECTOS REALES SOBRE EL AHORRO EN EL GASTO INSTITUCIONAL

 

 

Desde la coalición Izquierda Unida no podemos permanecer impasibles ante la medida anunciada por el Gobierno del PP que supone la reducción del 30% de concejales  porque consideramos que se trata de un ataque frontal a la democracia municipal y representativa. Con esta medida el PP pretende liquidar los ayuntamientos como instrumentos de participación ciudadana para devolvernos a la época caciquil.

 Hace unos días, el Gobierno del PP anunció que iba a recortar el número de concejales, alegando que la medida iba a suponer un ahorro. Desde IU queremos dejar claro que eso es totalmente falso, pues la mayor parte de los representantes municipales no cobran y para quienes cobran, reciben un sueldo marcado por unos límites establecidos (liberados). Otra cosa son los asesores externos y los cargos de confianza con sueldos escandalosos designados a dedo, de los cuales nada se dice. Así pues, creemos que esta medida demagógica y populista tiene mucho que ver con recortar el control democrático favoreciendo el monopartidismo y muy poco con el ahorro.

 Prueba de ello es que el ataque se ha dirigido a los ayuntamientos, las instituciones más cercanas a la ciudadanía  donde los representantes son elegidos de forma directa, mientras que las diputaciones provinciales, instituciones  obsoletas, de escasa legitimidad democrática y heredadas de la dictadura, cuyos representantes se designan a dedo y cuya desaparición siempre hemos defendido desde IU, no solo no se tocan, sino que salen reforzadas. Tal refuerzo sólo puede responder a intereses ocultos y no expresados.

 La medida, con la que el PP ha querido hacer un repugnante brindis populista, se enmarca dentro de un proyecto más amplio que incluye la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local con la que el gobierno pretende acabar con la molesta autonomía municipal para convertir a los ayuntamientos en rehenes políticos de otras administraciones abriendo la puerta, aún más si cabe, al clientelismo partidista y al trato arbitrario. La reforma que el gobierno pretende aprobar en los próximos días, modifica el reparto de competencias y deja a los ayuntamientos como meros gestores de servicios secundarios. Por poner un ejemplo, la ley quita a los municipios cualquier capacidad de actuación política en materias como educación, sanidad, mujer o medio ambiente.

 Amparándose en la “sacrosanta estabilidad” presupuestaria desde el gobierno se propone la supresión de servicios si estos no son obligatorios o su privatización si son obligatorios. Como ejemplo, las escuelas infantiles, servicio ofrecido tanto por la administración municipal como autonómica y deficitario. La reforma casi obliga a la privatización de este nivel, que ya no se considera educativo, sino asistencial y, por tanto, no obligatorio. El discurso del despilfarro de los ayuntamientos es injusto y falaz. La excusa de adecuar la Ley de Bases de Régimen Local a la Ley de estabilidad presupuestaria votada por PP-PSOE ataca a los principios de autonomía municipal y suficiencia financiera.

 Estas medidas rompen con la tradición del consenso en el marco de la Federación de Municipios (FEMP). Este órgano de representación de los municipios españoles recientemente hizo pública su posición ante una posible reforma de la Ley de Régimen Local, señalando que esta debía  de fundamentarse en "los principios básicos de autonomía local, proximidad y/o subsidiariedad, descentralización, proporcionalidad y suficiencia financiera", justo lo contrario que la reforma del PP propone en su proyecto.

 Desde IU creemos que el  municipalismo en este país debe pronunciarse de forma contundente contra esta reforma, sobre todo teniendo en cuenta que en la etapa anterior, la FEPM se ha dirigido de forma reiterada a la administración central en demanda de una mayor suficiencia financiera que permitiera atender las demandas de los ayuntamientos y ofrecer así un mejor servicio a los ciudadanos.

 IU señala que los ayuntamientos ya tienen previsto por Ley instrumentos de control del déficit presupuestario, por lo que adoptar otras medidas invade sus competencias. Por otra parte, resulta absolutamente injusto echar la culpa a los ayuntamientos de la deuda o la mala gestión. Recordemos que la deuda media  de los ayuntamientos en este país es del 3,4%, sobrepasando en solo cuatro décimas el límite de la Ley de Estabilidad presupuestaria, siendo las administraciones autonómica y sobre todo estatal, las que mayor deuda acumulan.

 IU hace un llamamiento a reivindicar los ayuntamientos y el municipalismo. Para ello, recuerda el importante papel de estas instituciones en sus 32 años de vida democrática en los que, con pocos recursos han realizado importantes avances en la prestación de servicios públicos necesarios para la ciudadanía, con altos niveles de calidad por la mayor capacidad de gestión de las administraciones locales por su cercanía a los vecinos. PP y PSOE que de forma sistemática incumplieron  el principio constitucional de suficiencia de recursos para los municipios se alían ahora para restar capacidad política a los ayuntamientos con la excusa de la crisis.

 En este momento, el porcentaje del gasto público que administran los ayuntamientos sigue estancado en el  13%, muy lejos de la reivindicación del 25% que ha sido asumida por todas las fuerzas políticas de nuestro país. IU recuerda que la Constitución establece que los ayuntamientos son parte del estado y no una administración menor ni delegaciones de la voluntad política de otras administraciones. Sin embargo, estas medidas previstas por el gobierno van a reducir aún más este porcentaje de financiación  y supondrá la muerte política de los municipios.

 Por todo lo expuesto proponemos al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

“Rechazar de forma rotunda el recorte del 30% de concejales planteada en la reforma del Gobierno del PP por ineficaz en el ahorro, por ser una agresión a la participación ciudadana en la democracia municipal y por ser falaz y tramposa en todo su planteamiento.”