MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA PARA INSTAR AL PARLAMENTO DE LA RIOJA A LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN QUE ACLARE Y EXPLIQUE LA DESAPARICIÓN DE CAJA RIOJA Y SU INTEGRACIÓN EN EL CONGLOMERADO BANKIA
El Partido
Popular está recortando la escuela, la sanidad, los servicios sociales…etc. El
Gobierno ha aplicado 10.000 millones de euros en recortes a la inversión en la
educación, perjudicando así el futuro de nuestros hijos e hijas y de nuestra
sociedad, y al gasto en sanidad pública que es fundamental para la salud y el
bienestar de todos nosotros. Con los ajustes que exige a las comunidades
autónomas, éstas tendrán que optar por hacer más recortes en estos servicios
sociales básicos o hacerlos en otros gastos. En las gobernadas por el PP los
recortes se van a aplicar a 'rajatabla' sobre escuelas, asistencia sanitaria y
dependencia.
Sin embargo,
los bancos y cajas tienen barra libre. En el caso de Bankia, el Gobierno va a
reforzar el capital del banco con casi 24.000 millones de euros (cerca de 2,5
veces lo que se recorta en educación y sanidad) pudiendo ser esta cifra
revisable al alza. Desde que comenzó la crisis, bancos y cajas han recibido más
de 500.000 millones de euros en ayudas de distinto tipo (ayudas directas,
avales para renegociar sus créditos, préstamos transformables en capital y
créditos del BCE al 1% por tres años).
PSOE y PP han
entregado al capital financiero privado la mitad del ahorro y el crédito del
país mediante la privatización y bancarización de las Cajas de Ahorro, seguidas
ahora de su expolio. De hecho, todas las medidas que se nos han presentado como
medidas para salir de la crisis han sido, en el fondo, medidas para mejorar la
situación de bancos y cajas. Por ello, las políticas aplicadas para salir de la
crisis han sido una auténtica estafa.
Pese a todo,
las ayudas a Bankia no serán las únicas. Otros bancos y cajas necesitan aún más
dinero. El resultado de la auditoría que han realizado auditores extranjeros
bajo la supervisión y control del BCE y del FMI han cifrado las ayudas hasta
los 100.000 millones de euros.
Ni los
Gobiernos del PSOE ni los del PP quisieron detener la especulación
inmobiliaria. Las Cajas de Ahorro, con ejecutivos nombrados por los gobiernos
autonómicos presididos por el PSOE y el PP, colaboraron de forma sobresaliente
en la misma.
Pero ha habido
algo más que eso. Créditos temerarios, operaciones de dudosa legalidad,
evaluación cómplice de los riesgos, seguimiento de políticas de
infraestructuras sin ningún respaldo serio (que han dado lugar a aeropuertos
inútiles y a cientos de miles de viviendas vacías y a urbanizaciones y
polígonos sin uso).
Y ha habido
también una gestión deplorable. Retribuciones y pensiones escandalosas,
falsedad en los balances contables y una escasa diligencia culpable en la
supervisión del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores.
Izquierda
Unida ha pedido que se cree una Comisión de Investigación en el Congreso de los
Diputados que depure las responsabilidades políticas y administrativas que
existan en la gestión de las instituciones financieras, en el trabajo de los
organismos de supervisión y en la acción de las autoridades políticas y
administrativas. Esta Comisión debería tratar especialmente la gestión en las
instituciones intervenidas o que puedan intervenirse, como BFA/Bankia, Bancaja,
la CAM, Caja Castilla La Mancha, Nova Caixa Galicia, UNIMM, el Banco de
Valencia y otras.
No obstante,
si esa Comisión no salía adelante y/o complementariamente a su trabajo,
Izquierda Unida, apelando a la ciudadanía, a las organizaciones sociales y a
los municipios, estaba dispuesta a colaborar en la puesta en marcha de un
auténtico Tribunal Social sobre las Responsabilidades en la Crisis de las
Instituciones Financieras.
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