El Oja amenaza a Santo Domingo

El grupo municipal socialista propone al Consistorio reforzar los márgenes del río ante el peligro de desbordamiento

Diego Marín Abeytua/ La Rioja
No está acostumbrado el valle, al menos en los últimos años, a ver el río Oja con un gran volumen de agua. Su otro nombre, el popular, `La Hilera´, da buena cuenta de esto porque a menudo cuenta con apenas un hilo de agua, manteniendo su cauce subterráneo. Pero las lluvias del pasado año y los últimos deshielos han provocado la crecida del Oja, que antaño destruyó puentes de piedra en Ezcaray y Casalarreina debido a sus tremendas crecidas.

Para prevenir lo que puede resultar una desgracia, el concejal socialista Jesús Ochoa presentó el pasado martes en el pleno municipal una moción que, curiosamente, desató más debate que la polémica ordenanza de regulación del acceso de vehículos al casco antiguo. Ochoa propuso al equipo de gobierno a que inste a la Confederación Hidrográfica del Ebro y al Gobierno de La Rioja a realizar trabajos de refuerzo  en la margen derecha del río Oja a su paso por Santo Domingo de la Calzada. La razón, en palabras de Ochoa, es que la ribera está en una situación "muy precaria y débil" y, ante posibles avenidas más fuertes de agua, "puede haber un problema grave con perjuicio para los calceatenses".

El problema es que el río Oja se puede desbordar y su cauce invadir la ciudad, sobre todo el barrio de San Francisco. El concejal popular Carlos Barrón propuso llevar la propuesta a una comisión para estudiarla, pero los socialistas mantuvieron la moción. De hecho, finalmente, la moción fue aprobada con los votos a favor de los cinco concejales socialistas, además del voto del concejal de IU y de la concejal del PR+. No obstante, el alcalde se comprometió en público  a consultar la situación con la CHE y convocar próximamente una reunión informativa con los portavoces de los grupos políticos en el consistorio calceatense. "El problema es serio", aseguró Ochoa. Sobre todo, por el empuje del viento, que da velocidad al agua.

El pleno aprueba la regulación en fase de prueba del tráfico en el casco antiguo

La alcaldía calceatense añadió una enmienda de última hora con propuestas de los comerciantes que supusieron modificaciones a la ordenanza municipal

Diego Marín Abeytua/La Rioja

Hacía un viento gélido en la calle y ayer, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, se respiraba la tensión y un cordial nerviosismo en los primeros puntos del orden del día de la sesión ordinaria. No obstante, como público, habían asistido un centenar de calceatenses (muchos de ellos comerciantes) interesados por la prevista aprobación de la ordenanza reguladora del control de accesos al casco histórico de la localidad.

Dicha ordenanza ya se había tratado en la comisión municipal del pasado 21 de enero y ayer, si los rumores habían hablado de cierta desunión en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santo Domingo, esta se convirtió, en palabras del teniente de alcalde David Mena, en «el mayor consenso». Eso sí, antes de debatir la polémica ordenanza, la alcaldía ofreció una enmienda «a sugerencia de vecinos y asociaciones» que modificaba el cuadrante de horarios, el peso máximo de los vehículos autorizados para el tránsito y la cuantía de las multas.

Este hecho sorprendió a la oposición. El concejal socialista Agustín García Metola criticó que «este asunto está verde» y definió el proyecto como «no elaborado». En síntesis, Mena defendió que los cambios de última hora ampliaban a una hora más por la mañana y otra por la tarde la apertura al tráfico del casco antiguo, aumentaba hasta los 3.500 kilos el peso de los vehículos autorizados para la circulación y modificaba las multas a 50 (hasta los 30 Kms/h) y los 100 euros (hasta los 50 kms/h) por exceso de velocidad.

La medida fue aprobada con los votos a favor de los ediles del PP y la ayuda del PR+, mientras que PSOE e IU se abstuvieron. La condición fue que la medida se llevaba adelante en periodo de prueba durante tres meses. «No es un cierre, es una restricción de cuatro horas, de 24 que tiene el día», aclaró David Mena.

El alcalde, Javier Azpeitia, cerró las intervenciones con una reflexión en voz alta: «Creo que es bueno para Santo Domingo, no es un capricho, es una necesidad, un paso decisivo muy sopesado y es nuestra obligación tomar decisiones, aunque a veces no sean muy populares. A lo mejor, hasta tiene un coste político. Ojalá que no». Al final del pleno, José María Fernández, presidente de Acirioja, agradeció los cambios efectuados en la ordenanza.

Sobre la peatonalización y el control del tráfico en el Casco Histórico

Intervención íntegra de IU sobre la ordenanza para regular el tráfico rodado en el Casco Histórico defendiendo una abstención crítica y activa en el Pleno de 28/01/2014.

Primeramente quisiéramos reiterarnos en la postura que anunciamos en la pertinente comisión informativa de Urbanismo donde se dictaminó esta ordenanza para regular el tráfico rodado en el Casco Histórico de la ciudad. Como ya anunciamos al resto de grupos, IU no se va a oponer a la medida porque parece ser que compartimos, aunque sea con numerosos matices y discrepancias el enunciado genérico: "Podría ser beneficiosa una regulación del tráfico rodado y la peatonalización del Casco Histórico". Téngase en cuenta el uso del condicional. Quizá esta medida podría ser una condición necesaria para reactivar la actividad económica, de ocio, residencial y cultural del Casco Histórico, pero estamos convencidos de que no es suficiente. De ahí que dijéramos que eran necesarias políticas municipales complementarias tales como la rehabilitación y mejora de las viviendas, el fomento de servicios en el área y el apoyo a actividades lúdicas, culturales y comerciales concretas para el Casco Histórico. Si se quiere un estatus especial para el Casco Histórico habrá que aplicar políticas específicas y diferencias del resto del municipio, dadas las características propias y las que genera la norma. En la comisión resumimos esta idea diciendo que no hay nada más injusto que aplicar lo mismo a lo que no es igual.

La "no oposición" de IU, que nadie se engañe, no significa apoyo ni entusiasta ni resignado a esta propuesta concreta que hoy se trae ni siquiera de forma tangencial. Por otro lado, hemos de señalar que rechazamos de plano el método de elaboración y trabajo elegido, ya que lo consideramos tan sumamente fundamental como la propia propuesta y de ahí que sea imposible nuestro apoyo, pues pensamos que se ha elegido el peor de los posibles. Desde IU, la propuesta que hemos venido defendiendo es el establecer un foro institucional de participación ciudadana (cosa que corresponde al equipo de gobierno promover), donde los comerciantes, hosteleros, profesionales y vecinos en general pudiesen debatir, sobre las diferentes propuestas y soluciones beneficiosas para el conjunto de la ciudadanía, que repercutan positivamente en todas las actividades que se desarrollan en el Casco Antiguo. Y con un objetivo más ambicioso todavía, que estos foros sean puntos de encuentro para la participación ciudadana activa y escuela democrática para la resolución de problemas y el debate de iniciativas beneficiosas para el conjunto de la sociedad. No podemos apoyar esta propuesta porque de esta ordenanza no puede achacársenos ni un acento.

La abstención de IU en la comisión informativa tenía hondas convicciones. Sin embargo, si existía alguna duda, en base a informaciones publicadas en la prensa el día 23 de enero solo podemos decir, que nuestro sentido de voto no ha hecho nada más que reafirmarse, pues el voto en contra a esta propuesta nos alinearía con quién defiende la posición más alejada a nuestros planteamientos en esta cuestión y en la práctica totalidad de los asuntos municipales.

Esta fuerza, a pesar de llevar escasos tres años participando en la política institucional municipal, valora la memoria como una virtud cívica. Y es por eso, que esta cuestión hay que valorarla con memoria y ecuanimidad o se estará falseando el proceso. La propuesta que hoy trae el gobierno PP-PR se parece mucho a la que el anterior gobierno socialista quería aplicar. Con una diferencia notabilísima, que en aquella ocasión el partido mayoritario de la coalición que ahora gobierna, haciendo un ejercicio de irresponsabilidad y oportunismo político se puso al frente de la manifestación con un solo objetivo, y no era precisamente el establecer un debate interesante y democrático sobre la idoneidad o no de la peatonalización y la regulación del tráfico rodado en el Casco Histórico.

Pero fíjense si seremos malos y díscolos desde la izquierda, que incluso con estos antecedentes estamos dispuestos a hacer un ejercicio de generosidad y aceptar de buen grado que tras haber recapacitado, el PP de Santo Domingo considera errada la posición que mantuvo en la anterior legislatura y haciendo propósito de enmienda se propone no volver a caer en el cortoplacismo y el oportunismo en un tema delicado e importante como es este por el gran número de sensibilidades que convoca.

Nos gustaría señalar además que las disensiones en el gobierno y más concretamente en el seno del PP, más parecen una lucha de poder interno, que la legítima discrepancia en base a un debate participado y serio del conjunto de la militancia.

Por último y para ir acabando, afirmar que esta ordenanza tiene la necesidad de estar planteada desde la perspectiva de ser susceptible de modificaciones, mejoras y aportaciones y es por eso que aportamos una que nos parece elemental.

El Artículo 7D nos parece confuso e indeterminado en su redacción el estatus espacial de acceso de vehículos oficiales, ya que se mezclan los servicios públicos básicos con las administraciones públicas. Entendemos que en estos últimos se engloban los vehículos oficiales de los responsables políticos. Pues si es así, estamos radicalmente en contra, ya que el deber primero de un político, sea del rango que sea, es dar ejemplo, y si desde el poder político se quiere imponer una norma como esta al conjunto de la ciudadanía, deben ser los primeros que deben acatarla y cumplirla, no buscar estatus diferenciados que de facto se conviertan en privilegios.

El Ayuntamiento de Santo Domingo celebra un pleno para aprobar una nueva ordenanza

D.M.A./La Rioja
El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada celebra hoy, a partir de las 20 horas, un pleno ordinario que se prevé que tendrá mucha repercusión popular. No en vano, la asociación de comerciantes calceatenses Acirioja ha colgado carteles por toda la ciudad anunciando la sesión e invitando «al público en general a su asistencia» y «en especial, a residentes y comerciantes del casco antiguo». La razón es que, según informa Acirioja, en el pleno «se decidirá el cierre del casco antiguo».

En el orden del día del pleno ordinario del Consistorio calceatense se abordará «la aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora del control de accesos al casco histórico de la localidad de Santo Domingo de la Calzada». Entre los diez puntos del día previstos también destacan una propuesta del grupo municipal de Izquierda Unida, dos del grupo municipal socialista y la aprobación del convenio entre la Jefatura de Tráfico y el Ayuntamiento de Santo Domingo sobre seguridad vial.

El grupo municipal socialista presenta mañana en el pleno dos propuestas e IU sumará otra más

D.M.A./La Rioja
El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada ha presentado dos propuestas al pleno municipal ordinario que se celebrará mañana martes. La primera de ellas insta al Gobierno de España «a retirar inmediatamente y no continuar la tramitación del Anteproyecto de Ley Orgánica por el que pretende revisar la legislación vigente sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo», según informa un comunicado.

El grupo municipal de Izquierda Unida en el Consistorio calceatense ha presentado, por medio del edil Diego Mendiola, una propuesta similar que será tratada en un punto del día aparte. La propuesta socialista será defendida por la concejala Vanessa Villarejo, mientras que la segunda será responsabilidad de Agustín García Metola. La segunda pretende derogar la Ley 10/2012, del 20 de noviembre, «por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses».

Los socialistas calceatenses consideran que «esta ley ha privado a miles de ciudadanos de su derecho a la tutela judicial efectiva y se ha materializado una injusta barrera para el acceso a la justicia».