Es con esta
pregunta tan directa como los representantes públicos de Izquierda Unida en los
distintos municipios de La Rioja queremos trasladar al conjunto de la sociedad
riojana la preocupación que sentimos por la nefasta iniciativa política con la
cual el actual Gobierno del PP tiene previsto “reformar” la Administración Local
en base al eufemístico “Anteproyecto de Ley para la Racionalización y la
Sostenibilidad”.
Todo el
planteamiento de la “reforma” parte de premisas completamente falsas como el
hecho de proponerse que más del 80% de los concejales y alcaldes no reciban
retribución alguna, cosa que ya ocurre en la actualidad (Nada se dice de los
asesores designados a dedo) o de afirmar que el gasto por habitante que destina
la Administración Local es desorbitado en base a unos datos que están muy lejos
de la realidad (Esta última patraña hunde sus raíces en el mantra neoliberal de
la estabilidad presupuestaria del PPSOE, elevada a principio sagrado en la
tristemente famosa reforma del artículo 135 de la Constitución Española de 1978
en el verano de 2011).
Detrás de esta
pantalla infame se esconde el verdadero objetivo de la supuesta “reforma” que
no es otra cosa que una regresión democrática en clave centralista, autoritaria
y privatizadora. Se trata de acabar con los principios de autonomía local,
gestión pública y participación ciudadana, que los primeros ayuntamientos
elegidos democráticamente en 1979 pusieron en marcha y que supuso la prueba más
palpable para la ciudadanía de su capacidad de intervenir en la gestión de los
asuntos públicos de forma más cercana y directa. Se trata de anular o vaciar
completamente de contenido la capacidad de actuación y competencias de los
ayuntamientos como administración pública más cercana a la ciudadanía, en
sectores y servicios tan esenciales como los servicios sociales, la
educación, el medio ambiente o la dinamización de la economía como
herramienta para generar actividad y empleo digno.
Esta “reforma”
pretende que los representantes políticos de los ayuntamientos (los elegidos de
forma más directa por parte de los ciudadanos) nos convirtamos en una especie
de anacronismo folclórico, sin capacidad alguna para poder resolver los
problemas reales de nuestros vecinos, negándosenos hasta el pacato derecho a
“organizar la miseria” que poseemos actualmente, ya que frente a lo que aducen,
la Administración Local es la más barata y eficaz para el ciudadano.
Por todo esto
como miembros de IU, representantes legítimos de los ciudadanos y en defensa de
sus intereses nos vemos en la obligación de oponernos a esta regresión
democrática de corte caciquil y decimonónico, presentando mociones en los
ayuntamientos para rechazarla de plano y apoyando iniciativas que contribuyan a
su inmediata anulación durante el proceso legislativo antes de que ni una sola
de las medidas pueda ser impuesta.
Firmantes:
Diego Mendiola García, Santo Domingo de la Calzada.
José Fernández Crespo, Fuenmayor.
Jesús Cámara Colás, Villamediana de Iregua.
Prudencio
Larrea Alesanco, Cordovín.
Ramiro Palacios Cuesta, Munilla.
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