Existe una canción que dice: “Al país lo desarmaron, y lo desarmaron mal, lo partieron en pedazos, y ahora hay que volverlo a armar”. Con esta estrofa se podría resumir de una forma un tanto poética la posición que tiene la asamblea de Izquierda Unida con respecto a todo este proceso.
Consideramos que no se han ido tomando malas decisiones, se han tomado las peores entre las posibles. En anteriores ocasiones nos hemos manifestado radicalmente en contra de todo el proceso de adjudicación. Lo hemos definido como una mercantilización de los derechos sociales y la cosificación del ser humano. Ya nos opusimos a que el precio fuese el único criterio de adjudicación en una materia tan sensible como es la asistencia social. Entendemos que existen otros muchos aspectos, tan importantes o más que el precio, que pueden ser decisorios en esta materia: capacitación de los técnicos, experiencia, tipo de organismo…etc.
Con respecto a esto último, nosotros siempre hemos abogado por que los servicios públicos sean de gestión pública, a través de empresas o de forma directa. Pero aun asumiendo que la inmensa mayoría de esta casa tiene afán privatizador, hay formas y formas de privatizar. Se puede hacer en favor de una cooperativa, de una pyme o de una gran empresa…siempre que sea del sector. Pero aquí hemos optado por lo peor de lo peor como ya he señalado antes y luego concretaré.
En la Comunidad de Madrid tienen al señor Lasquetty triturando la sanidad pública para preparar una suculenta papilla económica a todos los buitres que quieren alimentarse de los restos del Estado del Bienestar. Aquí en nuestra ciudad tenemos un perfil más modesto, de mozo de cuadra o limpiabotas de las grandes empresas. El Ayuntamiento, el poder público queda reducido a un papel de mequetrefe, de intermediario empequeñecido entre el dinero de todos y los intereses de las grandes empresas (de construcción). Porque el servicio según se plantea, pasaría a manos de una empresa por todos conocida por su altruismo, su conciencia y su experiencia social como es Ferrovial. Perdón, nos hemos equivocado, en verdad esta empresa es una constructora que poco tiene que ver con la asistencia social y la ayuda a domicilio.
Se nos dirá que tiene una amplísima experiencia en este campo, que lleva varios años gestionando este servicio en numerosos puntos de nuestra geografía, que se han reciclado para optar a copar otros sectores de negocio. Y digo negocio, porque ese es el único afán que van a tener, la asistencia social es un sector donde el dinero se debe contemplar como una inversión en solidaridad, es decir, en algo totalmente necesario pero no rentable. Claro que este tipo de empresas han empezado a parasitar en el Estado de Bienestar. La fiesta del ladrillo se ha acabado y en algún lado tienen que hacer negocio. ¡Qué malos seríamos si no permitiéramos que siguieran manteniendo e incrementando su inmensa riqueza a costa de lo que es de todos!
Y por último vamos a explicar de donde surge ese precio tan “competitivo”. Surge del empeoramiento de las condiciones de trabajo, de los sueldos de supervivencia, de la anulación de facto de derechos laborales y de la devaluación del propio servicio. Y habrá que mirar hasta el céntimo, habrá que ser austero, incluso roñosos, en aquello que haya que serlo (en lo fatuo, en lo superficial y en lo folclórico), pero en una materia tan sensible y necesaria como esta jamás.
Una cosa más. Por mucho que se privatice el servicio, la responsable del área de servicios sociales seguirá siendo usted (señora Bañares), aunque ni pinche ni corte y se quiera desentender alegando la maravillosa privatización realizada o impuesta, no lo tenemos claro. Aquí vamos a estar para recordarlo.
Por todo y por eso vamos a decir un No con mayúsculas, un No sin complejos. No podemos sentirnos ni mera comparsa de esta decisión.
Ayer quedó constituida la mesa de negociación del ERE, cuyos despidos se repartirán por todo el conjunto de paradores, según indicaron las mismas fuentes, que precisaron que una vez presentado oficialmente, se abrirá un periodo de consultas, que durará un mes.
Los siete paradores para los que la hotelera plantea el cierre total son el de Albacete, el de Manzanares (Ciudad Real), Ayamonte (Huelva), Ferrol (La Coruña), Puerto Lumbreras (Murcia), Teruel y Verín (Orense).
Según los sindicatos, entre los establecimientos afectados por los cierres por temporada se encontrarían los siguientes establecimientos ubicados en Cataluña: Aiguablava (Gerona), Artíes (Lérida), Seo d'Urgell (Lérida), Cardona (Barcelona), Vic-Sau (Barcelona) y Vielha (Lérida).
En Galicia, la cadena contempla cierres parciales en los establecimientos de Vilalba (Lugo), Monforte de Lemos (Lugo), Santo Estevo (Orense) y Tui (Pontevedra).
En Andalucía serán reconvertidos los paradores de Cazorla (Jaén) y el de Arcos de la Frontera (Cádiz).
En Castilla y León, los afectados por cierres parciales son Benavente (Zamora), Puebla de Sanabria (Zamora), Cervera (Palencia), Gredos (Ávila), Tordesillas (Valladolid) y Villafranca del Bierzo (León).
En Castilla-La Mancha, la compañía plantea cierres parciales en Almagro (Ciudad Real) y Oropesa (Toledo), mientras que en Cantabria serán dos establecimientos los afectados por esta medida Fuente De y Limpias.
También se contemplan cierres temporales en Alcañiz (Teruel) y Bielsa (Huesca); en Guadalupe (Cáceres); y, en La Rioja, el ya comentado de Santo Domingo de la Calzada.