Para entender la
situación que se ha generado en torno a la ordenanza de terrazas habría que
remontarse al verano de 2020. El gobierno de aquel momento (PP-MSD) decidió anular
la ordenanza por el Covid.
En aquel momento
nos opusimos, ya que habiendo bonificado la tasa al 99% se hubiera conseguido
el mismo efecto a nivel económico. Los negocios hosteleros pagarían muy poco
sin dejar en el limbo la ordenación del espacio público. Lo que previnimos es
lo que ocurrió, arbitrariedad y criterio individual del “técnico” o “municipal”
de turno, en base a una norma que era un papel en blanco.
Para cuando se
hizo caso a la oposición (PSOE-IU) en 2022 para redactar una ordenanza
municipal actualizada, amplia y específica donde estuvieran desarrollados todos
los aspectos clave, el amor del PP y MSD se había terminado, y el PP iba con
los pies a rastras.
Se encargó un trabajo técnico, se realizaron
propuestas de modificación y mejora por parte de los representantes municipales,
se convocó al gremio de hostelería y finalmente se obtuvo un borrador de ordenanza
de terrazas para todo el año, que contaba con el consenso de todas las fuerzas
políticas.
IU planteamos 3
cosas que nos parecían ineludibles:
1) Ningún
elemento fijo ni anclado en el espacio público. El espacio público no se puede
privatizar.
2) Las
cuestiones estéticas son importantes hasta cierto límite. Que haya unos criterios
estéticos que hay que cumplir previamente a instalar o cambiar una terraza
puede ser razonable. Pero uniformar todo el mobiliario, de todos los establecimientos,
con el mismo formato, modelo y proveedor es de todo menos “libertad”, por mucho
que “guste la fruta”.
3) Progresividad
a la hora de pagar, tanto por el mobiliario como por los metros cuadrados
ocupados en la vía pública.
Pocas sillas
y mesas, pagas menos por ellas. Muchas sillas y mesas, pagas más.
Pocos metros
cuadrados, se paga menos. Muchos metros cuadrados, se paga más.
El PP decidió
bloquear la aprobación definitiva de forma unilateral. Con el cambio de
gobierno, el PP y su filial PLR, han seguido bloqueando la normativa. Ese bloqueo
a la hora de aprobar la ordenanza de terrazas solamente se explica para poder
tomar decisiones arbitrarias, haciendo que lo que vale para uno no valga para otro.
Esta situación
es bochornosa, pues solo genera indefensión y arbitrariedad, tanto para la
hostelería como para el conjunto de la ciudadanía de Santo Domingo de la
Calzada. Algo que sería fácil de solucionar: Aprobar una ordenanza de terrazas para
todo el año y que se aplicara a todos por igual.
El último
capítulo es que el pasado martes 25 de marzo, el día que se iba a aprobar
definitivamente se volvió a quedar en el limbo.
Continuará...
